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Por su gran interés, reproducimos la columna de Nicole Fuenzalida, publicada en www.revistaentorno.cl/entorno/politica-memoria/

La inclusión reciente de la categoría de sitio de memoria en el borrador de la modificación de la Ley de Monumentos por una Ley de Patrimonio impulsada por el gobierno, bajo lógicas modernizadoras y extractivistas-neoliberales, se imponen nuevas trabas en las declaratorias de protección, nuevas exigencias y controles, se subsume en definitiva, la complejidad de las políticas de la memoria a una cuestión nominal.

La transición al Chile de postdictadura se enfrentó, tempranamente, a las demandas de agrupaciones de sobrevivientes, familiares y defensores de los Derechos Humanos que giraban en torno al acceso a la justicia, verdad y reparación. El Estado chileno respondió parcialmente, mediante el desarrollo de cuatro comisiones de verdad, siendo las principales: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como “Rettig” (1990-1991) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada como “Valech” (2003-2004). La Comisión Rettig investigó las violaciones a derechos humanos de la dictadura, específicamente la desaparición forzada, ejecuciones y torturas con resultado de muerte, describiendo modos de funcionamiento represivo y principales organismos de inteligencia. La Comisión Valech se orientó a la investigación de las detenciones y tortura, calificando a las víctimas de prisión política y tortura. En su informe se estableció que durante la dictadura en Chile habrían funcionado unos 1.132 recintos de detención y tortura a lo largo de todo el territorio y en sus recomendaciones conminó al Estado, a declarar como Monumento Nacional los principales centros.

En ambos informes se establece una versión consensuada de los hechos y particularmente, “una verdad en la medida de lo posible”, que sitúa como preocupación vital la reconciliación desde un tono religioso y una justicia restaurativa (no punitiva). Esto implica entre otros, que la “vía chilena de la reconciliación” haya optado por resguardar bajo secreto los archivos Valech y así el acceso al nombre de los perpretadores de los crímenes por 50 años. Así es como las medidas de reparación dirigidas a las víctimas son mínimas y limitadas. A ello hay que agregar que, con procesos judiciales lentos y tardíos, se ha logrado a duras penas que tres cuartos del total de víctimas calificadas como “desaparecidas” tengan algún grado de respuesta y que al 2017, unos 1402 agentes hayan sido procesados, muchos de los cuales tuvieron cargos en los gobiernos civiles[1]. De estos sólo 142 cumplen condena, muchos en penales como Punta Peuco, es decir, de la mano de comodidades y facilidades extraordinarias. Un cuadro complejo de violencia estructural y clima de impunidad emerge, junto al desarrollo de pactos de silencio entre gobiernos y agentes militares y civiles. Por nombrar un ejemplo, no se ha derogado la Ley de amnistía (Ley 2191), a pesar de que la CIDH en el 2006 se lo ordenó al Estado.

En los contextos transicionales, las políticas de la memoria, entendidas como las acciones gubernamentales a través de las cuales los Estados que cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos reconocen su responsabilidad, se fundan en principios generales como el derecho a la verdad y el deber de memoria, el derecho a la justicia y la reparación, y las garantías de no repetición. Una de las principales iniciativas a este respecto, la conforman los sitios de memoria, entendidos como aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones o que por algún motivo las víctimas o comunidades consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos. Los ex centros de detención y tortura en tanto sitios de memoria, aportan valiosa información para reconstruir la verdad de lo sucedido; sirven como materiales probatorios que atienden al derecho de justicia y deber de los Estados de condenar judicialmente a los responsables; permiten la construcción de una memoria en torno a los crímenes de Estado, generando espacios para la educación y la promoción del respeto de los derechos humanos, así como materialización de las garantías efectivas de no repetición y el derecho a la reparación simbólica, entre otros.

Ahora, si bien organismos como el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, establece entre los deberes de Estado la protección de estos espacios para consagrar el derecho a la verdad y la memoria, y la CIDH por su parte, señala que se debe asegurar un abordaje integral de la memoria que implique la obligación de adoptar políticas públicas coordinadas con procesos de justicia, establecimiento de reparaciones y no repetición de las graves violaciones a los DD.HH., en Chile, no existe una política de Estado a este respecto. Es por ello por lo que, se ha utilizado a favor la “Ley de Monumentos Nacionales”, aunque el espíritu normativo contiene valoraciones arquitectónicas o históricas decimonónicas, involucrando una serie de dificultades prácticas y no responde a problemáticas de manejo o uso de estos espacios. A la fecha, la presión de los colectivos por acceder a las declaratorias de Monumentos de los sitios de memoria, ha permitido frenar de la destrucción total a algunos espacios (de los 1132 reconocidos oficialmente, al año 2018 solo 34 cuenta con protección legal[2]), en consecuencia, el uso patrimonial se ha convertido en un mecanismo de urgencia. 

En el tránsito desde las memorias a los patrimonios, hubo cambios en el posicionamiento de los lugares hacia la arena pública, transformando las memorias de la represión, en un bien público a disposición de la sociedad. En el proceso intervienen diversos actores: sobrevivientes, familiares, activistas de derechos humanos, vecinos, políticos, FF.AA. y de Orden, entre otros, disputando el derecho a la tenencia y uso para signar públicamente su función y sentido. La inclusión reciente de la categoría de sitio de memoria en el borrador de la modificación de la Ley de Monumentos por una Ley de Patrimonio impulsada por el gobierno, bajo lógicas modernizadoras y extractivistas-neoliberales, se imponen nuevas trabas en las declaratorias de protección, nuevas exigencias y controles, se subsume en definitiva, la complejidad de las políticas de la memoria a una cuestión nominal. Si se llega a concretar esta inclusión en la normativa patrimonial, se cierra la posibilidad de dar un espacio específico a ello dentro de una política de la memoria, neutralizando lo político ligado a los sitios de memoria, minimizando así la violencia de lo acontecido.  

A diferencia de otros países, en Chile opera un modelo “outsourcing” patrimonial y en torno a la memoria, en tanto, la posición es siempre reactiva a las demandas de la ciudadanía. En consecuencia, el Estado no se involucra en la responsabilidad de la gestión, investigación, entre otros, de los sitios de memoria, traspasa estas obligaciones a la ciudadanía, incumpliendo compromisos suscritos en la justicia transicional local e internacional. “En los años ochenta, cuando lo importante era derrocar a la dictadura, nunca imaginamos que, décadas después, algunos nos dedicaríamos de lleno a luchar por recuperar los lugares donde fuimos torturados”[3]. Esta frase resume el movimiento ciudadano que se ha generado en torno a la recuperación de los sitios de memoria, que constituye una manifestación inédita no sólo de la conversión en retórica patrimonial de estos lugares, sino que es parte de un proceso complejo de “autoreparación”, que implica que los propios sobrevivientes salven de la devastación, a los propios restos de su horror. Cuando el lugar es recuperado, a las preocupaciones de gestión y otras de los usos, se les suma las crecientes acciones de vandalismo, mensajes en apoyo a la dictadura, asaltos y violencia, que buscan destruir y negar este pasado.

La falta de ponderación de su relevancia, ha posibilitado también que muchos de los sitios que aún se conservaban en la actualidad, hayan sido sin más remodelados, destruidos, demolidos, entre muchos otros, así como mantenidos en sus usos policiales, militares o represivos. Ahí cabe recordar la máxima: “sin lugar, no hay acontecimiento”. Materialidad y recuerdos se conjugan para el necesario rescate de la memoria de esta clase de lugares. El proceso constituyente en ciernes resulta en una oportunidad única, para que por fin el Estado se haga parte y sostenga una política pública integral para la memoria, que permita justamente productivizar el impulso y movimiento ciudadano en torno a los sitios de memoria, avance en materia de acceso a la justicia y verdad, sancione el negacionismo, pero sobretodo, reconozca su agencia, como piso mínimo base para abordar su responsabilidad en la violación a los DDHH. Esta acción resulta una materia ineludible hoy más que nunca: el abordaje de una política de la memoria como instructivo, que nos enseñe sobre la fragilidad del orden social y advierta que en las condiciones actuales o futuras, nada asegura que la catástrofe no se vuelva a repetir.

Referencias:

[1] Barthou, C. (2017). La justicia en la balanza. Procesos, juicios y condenas por violaciones de los derechos humanos acontecidas en Chile entre 1973-1990. Santiago: Comisión Ética Contra la Tortura.  

[2] Seguel, P. (2018). Las políticas de protección patrimonial de sitios de memoria en Chile, 1996-2018. Aproximaciones desde un campo en construcción. Persona y Sociedad, 1:63-97. 

[3] Zalaquett, P. (2017). Presentación. En: Haciendo Memoria, construyendo historia: el Cuartel Borgoño, (pp. 3-4). Manuscrito no publicado, Corporación Memoria Borgoño.   

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Durante las manifestaciones que se desatan en octubre y que continúan por todo Chile, la presencia de Víctor Jara ha sido increíble: murales con su imagen en Valdivia, por ejemplo; veo un afiche tipo cómic en el que Víctor le habla al perro Matapacos: “Nuestro pueblo nos llama. ¡Vamos a darle fuerza!”. Y en la explosión, “El derecho de vivir en paz” se convierte en un himno, que incluso se graba con una letra actualizada –autorizada por Joan Jara- que cantan las voces más destacadas de estos días.

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Nuevamente, hace pocos días, la tumba de Víctor Jara fue profanada con rayados ofensivos contra la memoria del cantautor. ¿Por qué? Porque el artista no murió en septiembre de 1973 y –como el aparecido- se presenta cuando lo necesitan. Durante las manifestaciones que se desatan en octubre y que continúan por todo Chile, la presencia de Víctor Jara ha sido increíble: murales con su imagen en Valdivia, por ejemplo; veo un afiche tipo cómic en el que Víctor le habla al perro Matapacos: “Nuestro pueblo nos llama. ¡Vamos a darle fuerza!”. Y en la explosión, “El derecho de vivir en paz” se convierte en un himno, que incluso se graba con una letra actualizada –autorizada por Joan Jara- que cantan las voces más destacadas de estos días. Entre ellas la de Roberto Márquez, de Illapu, que en cierto sentido enlaza a la Nueva Canción Chilena con el Canto Nuevo, la música del exilio y la de la posdictadura. El derecho de vivir en paz como un reclamo de hoy y de siempre. Víctor Jara aparece, crece en cada episodio de lucha popular y de manera espontánea. Así también crece el odio que le tiene la derecha.

El odio a Víctor Jara también ha tenido una expresión institucional. En efecto, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases de una licitación, la editorial Cal y Canto ganó la competencia para hacer el texto de estudio para la nueva asignatura “Educación Ciudadana”. La empresa cumplió y entregó el libro, pero súbitamente el Ministerio de Educación procedió a censurar algunos contenidos, pedir la eliminación de páginas, y encarga un nuevo texto para que haya “más opciones”. Es decir, duplica el gasto fiscal para tener una alternativa que, por supuesto, en el reparto que haga el Mineduc reemplazará el que no le gusta al gobierno. Entre los contenidos censurados hay una página con una canción y la imagen de Víctor Jara. Con la indicación “eliminar” está la ilustración para el villancico “Doña María le ruego”, tema que compusiera Violeta Parra para Víctor Jara cuando este aún integraba el conjunto Cuncumén. En el dibujo Víctor Jara le canta a una sagrada familia popular.

El libro incluye una canción compuesta por Víctor Jara en 1968, año de movilizaciones estudiantiles: “Movil Oil Special”. La licitación del texto de estudio se hizo, por supuesto, antes del llamado estallido social de octubre del 2019. Cuando en las calles algunos versos de la canción se hacían dramáticamente actuales para los estudiantes: “Que viene el guanaco / y detrás los pacos / la bomba adelante / la paralizante / también la purgante, / y la hilarante. / ¡Ay qué son cargantes / estos vigilantes!” En esos tiempos no se lanzaban los balines con que le han volado los ojos a tantos manifestantes. Después del estallido, para un gobierno que ha sido desafiado por los estudiantes resultó del todo inconveniente publicar una canción que se remata con: “…los jóvenes revolucionaurios / han dicho basta por fin. / ¡Basta!”.

Jorge Montealegre