El patrimonio en disputa: el proyecto que busca cambiar la ley y la esperanza que da la Convención

Las organizaciones vinculadas al patrimonio alzaron la voz cuando el gobierno puso urgencia a la nueva Ley de Patrimonio Cultural, advirtiendo que se busca poner el patrimonio y la cultura al servicio de los intereses económicos. La Convención Constitucional abre una nueva posibilidad de rescatar el verdadero sentido del patrimonio y la memoria.


En junio de 2019 el gobierno de Sebastián Piñera presentó el proyecto de Ley del Patrimonio Cultural, una iniciativa cuya principal función sería modernizar la institucionalidad actual encargada del área y crear el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y el Consejo Regional del Patrimonio Cultural. 

Ya en ese entonces, la agrupación Frente por el Patrimonio -que reúne a diversas entidades del mundo cultural, investigación, ciencia, monumentos, entre otros – se mostró disconforme con la propuesta y mediante un comunicado que indicó que “al Gobierno no le interesa sentarse con las organizaciones ciudadanas haciendo oídos sordos a expertos, practicantes y comunidades de base”.

El 24 de marzo pasado, la propuesta más ambiciosa del gobierno en materia de cultura tomó nuevamente relevancia y encendió las alarmas de organizaciones y entidades patrimoniales cuando el Ejecutivo le puso suma urgencia al proyecto para sacarlo adelante. La situación las mantiene en alerta hasta ahora. 

El Colegio de Arqueólogas y Arqueólogas de Chile, la Asociación Nacional de [email protected] del Patrimonio (ANATRAP), la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), la Red Sitios de Memoria, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, y el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (SIDARTE) y las demás entidades que conforman el Frente por el Patrimonio consensuaron un nuevo texto que concentraba dos puntos fundamentales: el trasfondo económico del proyecto y la ausencia de participación ciudadana en el debate.

“Este es un proyecto de ley de amarre en contra de la protección del patrimonio cultural de las comunidades y el pueblo de Chile que busca, bajo una concepción neoliberal, desproteger y desregular el patrimonio”, explica Jorge González San Martín, presidente de Asociación Nacional de Funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (ANFUCULTURA). Desde la organización afirman que la función de este paquete de leyes es “despotenciar la función pública en diferentes organismos o instituciones públicas” antes de que el patrimonio pueda quedar garantizado como un derecho en una nueva Constitución.

En cuanto a la forma de armar esta normativa, el presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, José Osorio, detalla: “Tenemos un problema ético debido a que no se ha cumplido con el Convenio 169 de la OIT que mandata al Estado a realizar consulta indígena previa cuando hay algún instrumento normativo que va a afectar a pueblos originarios del territorio”. 

Osorio agrega: “El ingreso (del proyecto) del 2021 no contó con la participación ciudadana de carácter vinculante que nosotros solicitamos en múltiples ocasiones. Le hicimos una propuesta al gobierno, representados por el subsecretario Emilio de la Cerda y no hubo voluntad política”.

Sin embargo, la Convención Constitucional abre una oportunidad para el patrimonio como derecho. El Frente por el Patrimonio afirma que se necesita modificar la actual Ley de Monumentos Nacionales debido a que fue creada en 1925 y solo actualizada en 1970, pero el proyecto del gobierno solo implica un retroceso. “Efectivamente tenemos una ley antigua y han sido las organizaciones territoriales y de trabajadores las primeras en decir que aquí era necesaria una nueva institucionalidad patrimonial. El gobierno tiene los instrumentos para llevar adelante los fomentos productivos y la destinación de recursos necesarios para proteger el patrimonio, pero ¿qué ha hecho desde el inicio de la pandemia? ha debilitado la institucionalidad patrimonial recortando recursos”, dice González.

El escenario de la Convención Constitucional es el camino al que apuesta el Frente por el Patrimonio como oportunidad para garantizarse como un derecho. “En el marco del proceso constituyente, lo que se propone es que sea la nueva constitución democrática la que establezca que el Estado de Chile es plurinacional, que se reconozca el derecho a la cultura, al patrimonio, como derecho constitucional”, explica el presidente de ANFUCULTURA.

“Nos hemos dado la tarea de escribir los párrafos asociados al derecho del patrimonio para que los convencionales puedan contar con ese insumo para lo que va a ser el proceso de redacción de la nueva constitución”, cuenta el representante de barrios y Zonas Patrimoniales. 

La agrupación ya ha iniciado el trabajo de reunirse con convencionales, 15 de ellos firmaron una declaración creada desde el Frente para que se logre instalar el patrimonio como un derecho.

DESTACADO: Recuperar el Estadio Víctor Jara

La Fundación Víctor Jara trabaja permanentemente en la recuperación del Estadio Víctor Jara, como sitio de memoria y arte. Desde abril de 1991, cuando se realizaron las Jornadas de Purificación, hasta las ediciones del Festival Arte y Memoria, que comenzó en 2018 y este año tendrá una nueva edición, el proyecto ha sido rescatar este recinto, por décadas abandonado o dedicado a múltiples usos sin ninguna línea programática; para transformarlo en un sitio de historia viva, que acoja expresiones artísticas, culturales y patrimoniales. Porque en sus rincones y murallas se reúnen el dolor y la brutalidad, pero también la esperanza y la voluntad de un pueblo de expresarse.

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