Participé en el “montaje”. Tuve el privilegio de participar en la etapa de preparación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, antes de su inauguración. Fue un trabajo acotado, que no estaba en una esfera de decisión. Ser periodista y escritor me habilitaba profesionalmente para el trabajo. Mis escritos testimoniales y sobre las memorias; así como el haber colaborado en los años ’80 en la Comisión Chilena de DD.HH. me convertían en una persona cercana a los temas que debería abordar. ¿De qué se trataba? Debía escribir los textos de síntesis que debían servir para las vitrinas y otras piezas de la museología, diseño y definición que le correspondía tratar a otras personas. Leí miles de páginas provenientes de los documentos oficiales, cuya fuente eran los informes llamados “Rettig” y “Valech”. Relatos espeluznantes, estremecedores, pavorosos. Pero ni espeluznante, estremecedor o pavoroso se me permitió  utilizar en los textos. Tuve que evitar –a pesar de las tentaciones y el asombro- todo adjetivo, toda opinión: “Que califique la persona que visite el museo, que se enfrente ante las evidencias”. En otras palabras, que el Museo entregue el dato y no el relato. Me costaba mucho no adjetivar, con rabia incluso; con espanto, con dolor. Pero había una línea editorial que impedía los gustitos personales. La actitud típica de la transición, de la posdictadura. En el directorio del Museo, además, estaba –sigue estando- representada la derecha; incluso un ex integrante del Consejo de Estado de la dictadura. Entre las fotos de las víctimas de violencia política, si se mira bien, hay personas desaparecidas y ejecutadas junto a uniformados que están registrados en el Informe Rettig. El “montaje” se hizo hasta con timidez, lejos de cualquier osadía o intrepidez que pudiera impedir que pudiera existir el Museo. Parte de su viabilidad dependía –maldita sea- de los victimarios. Y que se pudiera crear y que exista hoy es un logro. A pesar de todo.

Es tan elocuente lo que ahí se preserva, se muestra, se divulga en función de que Nunca Más se repitan las atrocidades cometidas por la dictadura cívico militar –con el silencio, desinformación, desidia, complicidad pasiva y activa de tantos- que ciertamente contribuye a la formación de una cultura de los derechos humanos y al reconocimiento de cómo las víctimas supieron enfrentar con dignidad el sufrimiento. El Museo cumple su misión y otras organizaciones de la ciudadanía también lo hacen complementando esa memoria, aportando las diversas piezas de un puzzle que la historia irá interpretando. Por ello, son ofensivos los dichos del personero de gobierno que habla de “montaje”, que el museo es “para contar una versión falsa”, para que “la gente no piense, para atontarle”. Pueden criticar, pero no desmentir. Quienes, a pesar de las evidencias, siguen negando, minimizando o relativizando los terribles crímenes cometidos están enfermos de contumacia: insisten en el error y el horror.

Ya conté mi participación en el “montaje”. Ciertamente no se trataba de “hacer literatura” ni de lucirse, pero reconozco que fue un privilegio. Lo agradezco. Me parece bien que la voz pública de los escritores se haga escuchar. En ese sentido es significativo que un Premio Nacional de Literatura –Raúl Zurita- haya reaccionado de inmediato ante los dichos del ministro de las culturas, las artes y el patrimonio: “Declaraciones que hieren lo más entrañable del pueblo de chile, a sus desaparecidos, a sus fusilados, a sus torturados, a sus exiliados…” apelando –el poeta- a “nuestra dignidad como artistas, como escritores, como intelectuales, como seres humanos en ello». Comparto, suscribo y agradezco esa declaración. Defendamos nuestro Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; y cada esfuerzo por completar, preservar y divulgar la memoria que se hace -también- fuera de esa institución. Que el silencio de los escritores y escritoras no nos resulte algo vergonzante.

Jorge Montealegre I.

Escritor

Director Fundación Víctor Jara

Poco antes de que empezara el recital de Roger Waters, y en medio de la ansiosa espera, al centro del Estadio nacional, comenzamos a recibir noticias de que algo muy grave estaba pasando en el Walmapu, en la zona de Ercilla, en la comunidad de Temucuicui. Las noticias eran confusas. Ya entrada la noche y el recital avanzando hacia el final, las noticias se confirmaban: un comunero había sido muerto una vez mas por la espalda, con balas disparadas por miembros del comando Jungla.

Entonces Roger Waters tomó su celular y lo acercó al micrófono. La voz de Victor Jara se escuchó con asombrosa claridad, cantando El Derecho de Vivir en Paz. La emoción por partida doble. Por un lado un homenaje sincero de un gran artista, aplaudido por los 50 mil asistentes. Pero por otro, la triste coincidencia de que lo que ahí se expresaba contenía una verdad desgarradora: el canto valiente siempre será canción nueva. La vigencia del mensaje de Victor nos envolvía en el dolor por tantos y tantas hermanas asesinadas por la mano de miserables intereses económicos.

Esa noche no la podremos olvidar jamás. Por Roger, por Víctor y por Camilo.

#JusticiaParaCamiloCatrillanca

Cristian Galaz
Noviembre 2018

Foto: Agencia Uno.

Estamos llegando al final de un año difícil, complejo, con esperanzas y también con profundas tristezas. ¿Como será recordado este 2018? La explosión del movimiento feminista es una de las luces que iluminan esa esperanza. Con alegría, verdad y contundencia pusieron demandas de siglos sobre la mesa y cambiaron el curso de las agendas de todos los sectores políticos, sociales y culturales. También podremos recordarlo por el espontáneo movimiento del mundo de la cultura y los derechos humanos que obligó a renunciar al recién nombrado Ministro de las Culturas, por haber declarado que el Museo de la Memoria era un “montaje”. Como fundación fuimos parte de ese movimiento, lo decimos con orgullo. Nos hizo pensar que cuando hay unión constituimos una fuerza imbatible.

Pero también estamos cerrando el año con la profunda tristeza y conmoción que ha causado el asesinato de Camilo Catrillanca, resultado de una política represiva contra la nación mapuche que lleva décadas violentando al país entero. Toda la solidaridad que ha surgido con la familia de Camilo y con la causa mapuche no devolverán las vidas arrebatadas, pero nos muestran un camino, el camino de la fraternidad que tanto nos hace falta en un Chile abusado y violentado.

Y ahora la pregunta se da vuelta para mirarnos y nos interpela: ¿Cómo queremos recordar en el futuro el año 2019 que está por comenzar? Y la respuesta es una sola: depende de nosotros, de lo que hagamos o dejemos de hacer.

Desde la Fundación Víctor Jara les deseamos un 2019 fraterno y esperanzador, y que juntos, unidos, podamos avanzar hacia un Chile con más verdad, más justicia, más igualdad y verdadera libertad.

Fundación Víctor Jara

A Joan no le gusta hablar, pero es un privilegio oír su palabra. Siempre con su dolor irreparable, con solidaridad recíproca, incansable en su misión y transmitiendo fuerza. Mucha fuerza. Cabizbaja, escucha, piensa. No queremos importunarla. Infunde un respeto profundo difícil de verbalizar. El silencio es una canción de Víctor Jara que solo ella conoce.

Recientemente presidió el acto en el que la Fundación Víctor Jara hizo público el sitio archivovictorjara.org. Se trata del resultado de un largo trabajo de rescate patrimonial en torno a la biografía y obra de Víctor Jara; a la solidaridad internacional motivada por el impacto de su testimonio y a la resonancia de su figura en la resistencia democrática y en las nuevas generaciones. El acervo corresponde a quinientas fotografías que estarán a disposición de las personas interesadas en conocer, revisar, investigar. Afiches, fotografías, correspondencia. Huellas, rastros, rostros, resonancias. Surcos. Una tarea de rescate, divulgación y defensa de la memoria que Joan –con sus hijas Manuela y Amanda- inició cuando comenzó un exilio interminable. Ya como Fundación la iniciativa empezó a materializarse hace unos 27 años, con el aporte fundamental de Eugenia Arrieta Salvatierra, ya fallecida, quien como voluntaria de la Fundación se dedicó a solicitar, recopilar y ordenar diversos documentos. La tarea continuó (el Archivo fue presentado por Catalina Echeverría y Mariela Llancaqueo; junto a Cristian Galaz, director ejecutivo de la FVJ).

Pienso que son huellas, los vestigios biográficos que tenemos de Víctor Jara que dejaron una impronta “verificable” (sus discos, fotografías y videos de actuaciones, apariciones en la prensa de su época, etc.); como rastro pienso en la presencia en la ausencia, sin Víctor Jara físicamente –deja su huella en el viento- y ese rastro lo recoge la solidaridad internacional (afiches, conciertos en su homenaje, esculturas, nombre de calle, etc.); por último están las resonancia en las expresiones espontáneas donde la figura y obra es inspiradora de otras obras y figuras, de nuevas generaciones que no conocieron a Víctor Jara en persona ni vivieron o sufrieron la solidaridad internacional o la resistencia bajo dictadura; pero que tienen una cercanía afectuosa con el mito. A propósito recuerdo –y vuelvo a escuchar- “Homenaje” de Santiago del Nuevo Extremo: Sólo quiero saber quiénes miran / hacia donde miro yo /quiénes son los que enredadas las manos / se acuerdan del cantor. // No vacilaremos / en tenderle una canción / un millón de voces / le dirán que no fue en vano / que nos diera de su boca / el pan del aire y una flor / Víctor, gran ausente / desde siempre te cantamos…

Un Archivo es más que un archivo. Lleno de memoria, en él están las huellas, el rastro y las resonancias: un gran surco en nuestra tierra que tiene semillas de valores y memoria, de arte y política que, sabemos, no todas germinan al mismo tiempo.

Jorge Montealegre I.

A propósito de la campaña por el cambio de nombre de Av. Ecuador por Av. Víctor Jara, una columna del siempre claro Jorge Montealegre, destacado escritor y miembro de nuestro Directorio

NOMBRES, VÍA PÚBLICA Y MEMORIA 

Me gusta vivir en una calle que se llama “Rubén Darío”, en homenaje al poeta nicaragüense; cerca de una pequeña calle que se llama “Violeta Parra” (nombre que quizás le queda grande a tan pocas cuadras) y de unas calles donde se junta “Blest Gana” con su personaje “Martín Rivas”. Me cuentan que en Pirque hay una calle “Pía Barros”, que está entre “Gabriela Mistral” y «Pablo Neruda» (y este último todavía no hace con “Pablo de Rokha”. Me gusta eso, pero no me gustaría que mi dirección –por ejemplo- recordara al “General Bonilla”, el primer ministro del interior de la dictadura (sus deméritos se desprenden de los informes sobre violación de los derechos humanos). Por su parte, el primer ministro de Hacienda en dictadura, “Almirante Lorenzo Gotuzzo”, ya perdió su nombre en la calle que, en buena hora –es decir, para el Día Internacional de la Mujer- fue rebautizada como “Profesora Amanda Labarca” en homenaje a quien luchara por los derechos de las mujeres en Chile… y qué bien que se junte con «Valentín Letelier»!. No fue fácil: el concejo municipal de Santiago aprobó el cambio por seis votos a favor y cuatro en contra.

Para mí el nombre de los lugares públicos es un tema significativo, desde el punto de vista de la construcción del imaginario simbólico de nuestra ciudad, de la identidad del barrio, de nuestra memoria colectiva. Siempre me ha interesado. Y en estos días está en el aire.
Un ministro declara que “es razonable evaluar un cambio de nombre para el Parque Urbano ‘Renato Poblete’” –de Quinta Normal– considerando “la magnitud de las denuncias” por abuso sexual y de poder. Al inaugurar el parque, el Presidente Piñera dijo que –para él- el cura jesuita era «un santo». La investigación en desarrollo indica que no era tan santo. En otra comuna, reivindicando el nombre de la primera médica chilena, un grupo ciudadano de Independencia, con apoyo de la Universidad de Chile, impulsa la campaña “Un Metro para Eloísa” con el fin de que la Estación “Hospitales” de la Línea 3 recuerde a la “Dra. Eloísa Díaz”. Pocas estaciones tienen nombre de mujer y el Metro le consulta poco a los vecinos sobre lo que hacen en su territorio. Por otro lado, en Estación Central, la Federación de Estudiantes de la Usach y la Fundación Víctor Jara, en festivales masivos y gratuitos, llevan la campaña “Una calle para Víctor Jara”. Se propone que el nombre lo lleve un tramo de la Av. Ecuador. Y así como hay nombres reivindicables, los indeseables, como el proyecto para borrar cualquier vestigio de homenaje a la dictadura de Pinochet, apoyado por organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos: “Ninguna calle llevará tu nombre”.

El tema no es irrelevante ni lejano. ¿Qué más cercano que las calles, los parques de nuestro barrio?

El caso del “Parque Renato Poblete” –y de la estatua dedicada al cura- plantea el tema del desafecto, del demérito, del retiro del homenaje que –ahora- resulta inmerecido. Es equivalente –valga la comparación con otros casos de abuso– al retiro de la «nacionalidad por gracia» con que el Estado ha beneficiado a algunos extranjeros por la realización de “grandes servicios” a la República, pero que después traicionan la hospitalidad y el honor otorgado con sus actuaciones criminales. “La magnitud de las denuncias” justifica el retiro del homenaje. Es interesante el criterio si extendemos el concepto de abuso a la violación de los Derechos Humanos. ¿”La magnitud de las denuncias” –véase informes Rettig y Valech- no justificaría el cambio de nombre de la “Avenida General Oscar Bonilla”? (¿Qué pensarán los alcaldes de Pudahuel y Lo Prado, aparte de lo oneroso que debe ser el cambio de señalética?).

Un caso digno de ser recordado –y de celebración- es la Iniciativa para “Desmonumentar” la Dictadura que en el año 2012 logró devolver el nombre “Avenida Nueva Providencia” a la calle que los alcaldes designados por la dictadura nombraron “Avenida 11 de Septiembre” para rendir un homenaje permanente al golpe de estado de 1973 y la consiguiente instauración de una dictadura militar en Chile. La iniciativa ciudadana, encabezada por el historiador Francisco Estévez Valencia, la entonces Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia Josefa Errázuriz y el miembro del Centro de Alumnos del Liceo José Victorino Lastarria, fue una disputa por el poder simbólico que establece un precedente de acción democratizadora que bien vale la pena conocer en todos sus detalles. Nadie dice que esto es fácil. Pero es un campo donde la ciudadanía debe opinar. Como dijo el ministro, a propósito del Parque Renato Poblete, “los cambios de nombres son temas que se resuelven en su minuto”. Y pueden pasar años.

Los personajes indeseables, las personas no gratas y efemérides repudiables ¿deberían ser relegadas completamente al olvido? ¿Cómo recordamos sin que el acto de recordación no se interprete como un homenaje? ¿Hay que botar todas las estatuas? El asunto es ponerle nombre al espacio público y con un sentido que no sea solamente el sentido del tránsito. ¿Da lo mismo como se llame el lugar por donde caminamos? ¿Ese lugar donde nos encontramos con el resto de los ciudadanos? ¿El lugar público por donde transitamos de la casa al trabajo… esos puntos de partida o de llegada donde están nuestros afectos familiares o laborales? ¿Nos importa que nuestra calle se llame de tal o cual manera? ¿Es casual? ¿Todo es casual? ¿…o puede tener sentido preguntarnos por el nombre de las calles, que a veces llamamos arterias, como si recorriéramos un cuerpo que nos contiene a todos? A fin de cuentas hablamos de la ciudad: del lugar que habitamos.

Ciertamente el olvido hace que muchos nombres, en el uso diario, no tengan más sentido que una señal caminera para no perdernos. No sabemos por qué, en algún momento ese nombre mereció ser “nombre de calle”. Cuando se impone la indiferencia, como en un palimsesto podemos escribir otro nombre encima y nadie se sentirá violentado por ello. Las huellas débiles se borran y lo que no es recordado se muere… o queda en un estado de latencia hasta que alguna contingencia lo actualiza y nos enteramos del origen de la nominación. (Recientemente, por ejemplo, las autoridades locales de Los Ángeles (EEUU) retiraron una estatua de Cristóbal Colón como «un acto de justicia reparadora» para los «habitantes originales»). Entonces, nos preguntamos qué tan justo o merecido o correcto es que tal o cual avenida lleve el nombre de un personaje determinado o de una fecha histórica. ¿De qué son evocadores esos nombres?

En nuestro país, el tránsito a la democracia no desmontó los dispositivos simbólicos que dejó la dictadura, incluso cuando la medida de lo posible lo permitía.

Aquí no hubo un derribamiento de estatuas, imágenes que referidas a otras latitudes se convirtieron en la metáfora de la caída de los regímenes que representaban. Digamos también que no había estatuas que derribar y que el golpe se monumentalizó no tanto por la vía del culto a la personalidad del dictador sino por la vía de las desapariciones de íconos vinculados a la cultura de izquierda y sus reemplazos. Por ejemplo, en Chillán hubo un lugar al que los pobladores, por unanimidad en una asamblea, decidieron llamar “Violeta Parra”.

Inmediatamente después del Golpe de Estado, la dictadura decidió llamar de otra manera a esa Población. Se le impuso el nombre de un héroe de la batalla de la Concepción y pasó a llamarse “Población Luis Cruz Martínez”. La artista fue reemplazada por un militar “como una manera de hacer justicia a los valores propiamente nacionales y poner término a las designaciones políticas” (El Mercurio, Santiago, 2 de octubre de 1973). También “Violeta Parra” se iba a llamar la estación del Metro –cuando Allende visitó esas faenas- que hoy conocemos como “San Pablo”… desde que a Pinochet le tocó la inauguración. Al final, es una demostración de poder y los diversos Estados y gobernantes siempre querrán anclar su versión histórica en monumentos de recordación. En auto-homenajes. En Chile el enemigo interno tenía símbolos tan arraigados que, a pesar de todo, no pudieron ser eliminados. Es legítimo, entonces, recuperar y reivindicar la presencia simbólica merecida, así como desmonumentar lo que no merece monumento.

Así, puede darse una cierta circularidad en la desmonumentalización (“11 de Septiembre” vuelve a ser “Nueva providencia” y espero que no vuelva a ser “11 de Septiembre”; más lejos, San Petersburgo volvió a ser San Petersburgo, luego de pasar por Petrogrado y Leningrado: los nombres de la ciudad se cambiaban según los cambios políticos. Y esto creo, deja preguntas en el aire sobre cómo desmonumentar sin dejar de recordar; sin negar la existencia de aquello que no merece homenajes, pero sí debe ser parte de la memoria colectiva. La pregunta, parodiando a Gonzalo Rojas, es qué se recuerda cuando se recuerda. El problema no es la memoria, es el sentido del recuerdo. En simple, creo que se debe aplicar una meritocracia local para tener “nombre de calle”.

Finalmente, al recorrer estos nombres recorremos la ciudad y me pregunto ¿Qué pasa con la disputa simbólica en una ciudad tan segregada como la nuestra? ¿La segregación influye en el trazado simbólico de la ciudad? ¿Hay alguna relación? Pienso, por ejemplo, que a los asistentes habituales a Casa Piedra no les debe violentar que dicho Centro de Eventos esté ubicado en la Avda. San José María Escrivá de Balaguer, de Vitacura. No creo –desde un prejuicio fundado- que les moleste a los empresarios reunirse en un lugar que lleva el nombre del fundador del Opus Dei. Lo raro sería que esa calle se llamara, por ejemplo, Av. Clotario Blest. Y tengo dudas si me gustaría vincular ese nombre –Clotario Blest- con ese centro de negocios y exhibiciones.

Comprendo, por otra parte, que Jaime Guzmán se llame la avenida que está frente a la universidad en que trabajaba y en la que fue asesinada esa persona cuyo nombre despierta recuerdos controvertidos. Admiraciones y repudios. No obstante, es un sitio de memoria, en el sentido de que el hecho que se recuerda es relevante y sucedió en el lugar. Es parte de la memoria del territorio, del tatuaje invisible de la ciudad.

Jorge Montealegre.

ndecible, solidaridad y represión, que hablan de la historia reciente de Chile. Es un lugar de memoria histórica y de patrimonio nacional. Como escribió la Fundación Víctor Jara en 2002, «este espacio…fue un importante centro de expresión artística, donde se vio nacer y desarrollarse a la Nueva Canción chilena». Revisamos brevemente el camino de este recinto de asamblea pública, deportes y cultura en Santiago y cómo la Nueva Canción chilena se entrelazó con él y con la vida de Víctor Jara.

Sigue leyendo la columna de Patrice McSherry aquí: https://pagina19.cl/opinion/el-significado-del-estadio-victor-jara-ex-estadio-chile/

Por su gran interés, reproducimos la columna de Nicole Fuenzalida, publicada en www.revistaentorno.cl/entorno/politica-memoria/

La inclusión reciente de la categoría de sitio de memoria en el borrador de la modificación de la Ley de Monumentos por una Ley de Patrimonio impulsada por el gobierno, bajo lógicas modernizadoras y extractivistas-neoliberales, se imponen nuevas trabas en las declaratorias de protección, nuevas exigencias y controles, se subsume en definitiva, la complejidad de las políticas de la memoria a una cuestión nominal.

La transición al Chile de postdictadura se enfrentó, tempranamente, a las demandas de agrupaciones de sobrevivientes, familiares y defensores de los Derechos Humanos que giraban en torno al acceso a la justicia, verdad y reparación. El Estado chileno respondió parcialmente, mediante el desarrollo de cuatro comisiones de verdad, siendo las principales: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como “Rettig” (1990-1991) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada como “Valech” (2003-2004). La Comisión Rettig investigó las violaciones a derechos humanos de la dictadura, específicamente la desaparición forzada, ejecuciones y torturas con resultado de muerte, describiendo modos de funcionamiento represivo y principales organismos de inteligencia. La Comisión Valech se orientó a la investigación de las detenciones y tortura, calificando a las víctimas de prisión política y tortura. En su informe se estableció que durante la dictadura en Chile habrían funcionado unos 1.132 recintos de detención y tortura a lo largo de todo el territorio y en sus recomendaciones conminó al Estado, a declarar como Monumento Nacional los principales centros.

En ambos informes se establece una versión consensuada de los hechos y particularmente, “una verdad en la medida de lo posible”, que sitúa como preocupación vital la reconciliación desde un tono religioso y una justicia restaurativa (no punitiva). Esto implica entre otros, que la “vía chilena de la reconciliación” haya optado por resguardar bajo secreto los archivos Valech y así el acceso al nombre de los perpretadores de los crímenes por 50 años. Así es como las medidas de reparación dirigidas a las víctimas son mínimas y limitadas. A ello hay que agregar que, con procesos judiciales lentos y tardíos, se ha logrado a duras penas que tres cuartos del total de víctimas calificadas como “desaparecidas” tengan algún grado de respuesta y que al 2017, unos 1402 agentes hayan sido procesados, muchos de los cuales tuvieron cargos en los gobiernos civiles[1]. De estos sólo 142 cumplen condena, muchos en penales como Punta Peuco, es decir, de la mano de comodidades y facilidades extraordinarias. Un cuadro complejo de violencia estructural y clima de impunidad emerge, junto al desarrollo de pactos de silencio entre gobiernos y agentes militares y civiles. Por nombrar un ejemplo, no se ha derogado la Ley de amnistía (Ley 2191), a pesar de que la CIDH en el 2006 se lo ordenó al Estado.

En los contextos transicionales, las políticas de la memoria, entendidas como las acciones gubernamentales a través de las cuales los Estados que cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos reconocen su responsabilidad, se fundan en principios generales como el derecho a la verdad y el deber de memoria, el derecho a la justicia y la reparación, y las garantías de no repetición. Una de las principales iniciativas a este respecto, la conforman los sitios de memoria, entendidos como aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones o que por algún motivo las víctimas o comunidades consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos. Los ex centros de detención y tortura en tanto sitios de memoria, aportan valiosa información para reconstruir la verdad de lo sucedido; sirven como materiales probatorios que atienden al derecho de justicia y deber de los Estados de condenar judicialmente a los responsables; permiten la construcción de una memoria en torno a los crímenes de Estado, generando espacios para la educación y la promoción del respeto de los derechos humanos, así como materialización de las garantías efectivas de no repetición y el derecho a la reparación simbólica, entre otros.

Ahora, si bien organismos como el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, establece entre los deberes de Estado la protección de estos espacios para consagrar el derecho a la verdad y la memoria, y la CIDH por su parte, señala que se debe asegurar un abordaje integral de la memoria que implique la obligación de adoptar políticas públicas coordinadas con procesos de justicia, establecimiento de reparaciones y no repetición de las graves violaciones a los DD.HH., en Chile, no existe una política de Estado a este respecto. Es por ello por lo que, se ha utilizado a favor la “Ley de Monumentos Nacionales”, aunque el espíritu normativo contiene valoraciones arquitectónicas o históricas decimonónicas, involucrando una serie de dificultades prácticas y no responde a problemáticas de manejo o uso de estos espacios. A la fecha, la presión de los colectivos por acceder a las declaratorias de Monumentos de los sitios de memoria, ha permitido frenar de la destrucción total a algunos espacios (de los 1132 reconocidos oficialmente, al año 2018 solo 34 cuenta con protección legal[2]), en consecuencia, el uso patrimonial se ha convertido en un mecanismo de urgencia. 

En el tránsito desde las memorias a los patrimonios, hubo cambios en el posicionamiento de los lugares hacia la arena pública, transformando las memorias de la represión, en un bien público a disposición de la sociedad. En el proceso intervienen diversos actores: sobrevivientes, familiares, activistas de derechos humanos, vecinos, políticos, FF.AA. y de Orden, entre otros, disputando el derecho a la tenencia y uso para signar públicamente su función y sentido. La inclusión reciente de la categoría de sitio de memoria en el borrador de la modificación de la Ley de Monumentos por una Ley de Patrimonio impulsada por el gobierno, bajo lógicas modernizadoras y extractivistas-neoliberales, se imponen nuevas trabas en las declaratorias de protección, nuevas exigencias y controles, se subsume en definitiva, la complejidad de las políticas de la memoria a una cuestión nominal. Si se llega a concretar esta inclusión en la normativa patrimonial, se cierra la posibilidad de dar un espacio específico a ello dentro de una política de la memoria, neutralizando lo político ligado a los sitios de memoria, minimizando así la violencia de lo acontecido.  

A diferencia de otros países, en Chile opera un modelo “outsourcing” patrimonial y en torno a la memoria, en tanto, la posición es siempre reactiva a las demandas de la ciudadanía. En consecuencia, el Estado no se involucra en la responsabilidad de la gestión, investigación, entre otros, de los sitios de memoria, traspasa estas obligaciones a la ciudadanía, incumpliendo compromisos suscritos en la justicia transicional local e internacional. “En los años ochenta, cuando lo importante era derrocar a la dictadura, nunca imaginamos que, décadas después, algunos nos dedicaríamos de lleno a luchar por recuperar los lugares donde fuimos torturados”[3]. Esta frase resume el movimiento ciudadano que se ha generado en torno a la recuperación de los sitios de memoria, que constituye una manifestación inédita no sólo de la conversión en retórica patrimonial de estos lugares, sino que es parte de un proceso complejo de “autoreparación”, que implica que los propios sobrevivientes salven de la devastación, a los propios restos de su horror. Cuando el lugar es recuperado, a las preocupaciones de gestión y otras de los usos, se les suma las crecientes acciones de vandalismo, mensajes en apoyo a la dictadura, asaltos y violencia, que buscan destruir y negar este pasado.

La falta de ponderación de su relevancia, ha posibilitado también que muchos de los sitios que aún se conservaban en la actualidad, hayan sido sin más remodelados, destruidos, demolidos, entre muchos otros, así como mantenidos en sus usos policiales, militares o represivos. Ahí cabe recordar la máxima: “sin lugar, no hay acontecimiento”. Materialidad y recuerdos se conjugan para el necesario rescate de la memoria de esta clase de lugares. El proceso constituyente en ciernes resulta en una oportunidad única, para que por fin el Estado se haga parte y sostenga una política pública integral para la memoria, que permita justamente productivizar el impulso y movimiento ciudadano en torno a los sitios de memoria, avance en materia de acceso a la justicia y verdad, sancione el negacionismo, pero sobretodo, reconozca su agencia, como piso mínimo base para abordar su responsabilidad en la violación a los DDHH. Esta acción resulta una materia ineludible hoy más que nunca: el abordaje de una política de la memoria como instructivo, que nos enseñe sobre la fragilidad del orden social y advierta que en las condiciones actuales o futuras, nada asegura que la catástrofe no se vuelva a repetir.

Referencias:

[1] Barthou, C. (2017). La justicia en la balanza. Procesos, juicios y condenas por violaciones de los derechos humanos acontecidas en Chile entre 1973-1990. Santiago: Comisión Ética Contra la Tortura.  

[2] Seguel, P. (2018). Las políticas de protección patrimonial de sitios de memoria en Chile, 1996-2018. Aproximaciones desde un campo en construcción. Persona y Sociedad, 1:63-97. 

[3] Zalaquett, P. (2017). Presentación. En: Haciendo Memoria, construyendo historia: el Cuartel Borgoño, (pp. 3-4). Manuscrito no publicado, Corporación Memoria Borgoño.  

Mariela Llancaqueo Jiménez

“las artes se practican y sostienen en un contexto social

en que existen profundas relaciones de poder, propiedad, clase y género.”^[2] 

Edward Said

En el marco de las movilizaciones que cambiaron al país que conocíamos, existen varios elementos de la llamada cultura popular que se han convertido en símbolos de este periodo de protesta. Cada generación que se ha sumado al estallido social, además de definir o reforzar demandas sociales, ha incorporado alguna canción, personaje o referente iconográfico conformando un ecléctico imaginario de este periodo de protesta, sólo para dar algunos ejemplos: la canción El Baile de los que sobran con la cual se identifica esa generación que fue jóven en la década de los 80, el Negro Matapacos que representa a ese segmento que fue estudiante en el año 2011, Pareman y Baila Pikachu que representan a los y las jóvenes que lideraron las primeras acciones de evasión del metro, Un violador en tu camino que se ha transformado en un himno contra la violencia hacia las mujeres, y que permite comprender la importancia de la dimensión feminista de este proceso, entre muchos y variados casos.

En ese contexto la imagen de Víctor Jara, así como sus canciones, particularmente, El derecho de vivir en paz, han vuelto a aparecer en el espacio público. En poleras, pañuelos, banderas, esténcil o rayados en muros; en intervenciones artísticas, marchas o concentraciones, Víctor -como suelen llamarlo aquellos y aquellas que no lo conocieron pero que lo sienten como alguien cercano, como uno de nosotros- ha vuelto a aparecer. Pero lo cierto es que la vida y obra de Víctor Jara, sus valores humanos y políticos son como un río subterráneo, un volcán que corre por nuestras venas y que cada cierto tiempo brota, a veces irrumpiendo de manera violenta, otras veces solo con movimientos que pocos y pocas perciben.

¿Qué hay en la figura y obra de Víctor Jara que lo vuelven, inevitablemente, un referente político y artístico a 46 años de su asesinato?

La respuesta no es sencilla, y las posibilidades son múltiples: las circunstancias de su asesinato a manos de los militares golpistas; su conocida participación y apoyo a la realización del programa de gobierno de la Unidad Popular; sus aportes musicales al movimiento de la Nueva Canción Chilena, entre otros.

Quizás la respuesta pasa por la conformación de Víctor en un sujeto histórico: un joven nacido en el campo, que en el proceso de migración campo-ciudad -a mediados del siglo XX- llegó a vivir a una población del sector poniente de Santiago y que igualito que otros tantos de niño aprendió a sudar, que ante el desamparo que produjo la muerte de su madre buscó consuelo en la iglesia para luego abandonar y buscar trabajo, a quien el arte (el canto y el teatro) se le presentó como una oportunidad, un lenguaje y una herramienta de comunicación. Un hombre que mediante su experiencia de vida y su militancia política fue construyendo una forma de entender y enfrentar la música y el teatro, un trabajador de la cultura incansable, con una capacidad de traducir las vivencias personales y colectivas en canciones que hasta el día de hoy representan las demandas de diversas generaciones.

Pero lejos de la idea del genio creativo, Víctor fue un hombre de su tiempo y lugar, integró un movimiento político y cultural que se sentía llamado a transformar la realidad en que vivían miles de chilenos y chilenas -que a su vez era la suma de diversos esfuerzos y proyectos sociales y políticos que venían desarrollándose desde el siglo XIX-, un movimiento que también implicó una forma de asumir las artes y la cultura desde una identidad y perspectiva latinoamericana, desde el pensamiento político de izquierda. Así la música se convirtió en un mecanismo de construcción y comunicación del ideario emancipador que implicaba la Unidad Popular, un ideario inconcluso, truncado por el golpe cívico militar, del cual Víctor fue una de las primeras víctimas.

Varias situaciones me emocionaron y me acompañarán cuando recuerde la figura de Víctor Jara en este periodo turbulento: una ambulancia, que al salir del Hospital Barros Luco, tocaba atodo volumen El derecho de vivir en paz. La siguiente oportunidad fue en el barrio bellas artes, yo venía saliendo de una asamblea y mientras esperaba un taxi, me invade por la espalda la voz dulce pero fuerte de Víctor cantando, me estremezco aún más cuando me doy cuenta de que la música proviene de un parlante transportado por dos estudiantes secundarias que orgullosas y arrogantes se pasean interpelando con la música a los y las transeúntes. Mi hija, de solo cinco años que en medio de sus juegos, en el toque de queda o en la cuarentena, comienza a cantar El derecho de vivir en paz y El pimiento.

Esa es precisamente la potencia de la obra de Víctor Jara, es inagotable, es consuelo pero también puede ser un mensaje de referencia, la experiencia de un intento de emancipación y transformación del modelo político y económico de Chile, de una forma de trabajo colectivo, que se ha redescubierto y revalorado en cada espacio de asamblea, olla común o jornada de resistencia que surge en actual contexto. Quizás es por eso que hasta hoy siguen apareciendo versiones de su música que estremecen: El Tío Valentín Trujillo con su piano, versiones en mapudungun, rapa nui, lenguaje de señas, Te recuerdo Amanda cantada desde un edificio por una cantante lírica;  las 1000 guitarras por la paz, la versión de Roger Waters, por nombrar algunas. Mientras exista protesta social, mientras el ideal de justicia social sea un horizonte que pretendemos construir y alcanzar, inevitablemente Víctor será parte de ese imaginario.

[1] Profesora de Historia y Ciencias Sociales y Gestora Cultural. Encargada de documentación del Archivo Víctor Jara.

^[2] Edward W. Said, “Cultura, identidad e historia”, en Gerhart Schröeder y Helga Breuninger, Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión, Buenos Aires: FCE, 2009, p. 39.

Durante las manifestaciones que se desatan en octubre y que continúan por todo Chile, la presencia de Víctor Jara ha sido increíble: murales con su imagen en Valdivia, por ejemplo; veo un afiche tipo cómic en el que Víctor le habla al perro Matapacos: “Nuestro pueblo nos llama. ¡Vamos a darle fuerza!”. Y en la explosión, “El derecho de vivir en paz” se convierte en un himno, que incluso se graba con una letra actualizada –autorizada por Joan Jara- que cantan las voces más destacadas de estos días.

Nuevamente, hace pocos días, la tumba de Víctor Jara fue profanada con rayados ofensivos contra la memoria del cantautor. ¿Por qué? Porque el artista no murió en septiembre de 1973 y –como el aparecido- se presenta cuando lo necesitan. Durante las manifestaciones que se desatan en octubre y que continúan por todo Chile, la presencia de Víctor Jara ha sido increíble: murales con su imagen en Valdivia, por ejemplo; veo un afiche tipo cómic en el que Víctor le habla al perro Matapacos: “Nuestro pueblo nos llama. ¡Vamos a darle fuerza!”. Y en la explosión, “El derecho de vivir en paz” se convierte en un himno, que incluso se graba con una letra actualizada –autorizada por Joan Jara- que cantan las voces más destacadas de estos días. Entre ellas la de Roberto Márquez, de Illapu, que en cierto sentido enlaza a la Nueva Canción Chilena con el Canto Nuevo, la música del exilio y la de la posdictadura. El derecho de vivir en paz como un reclamo de hoy y de siempre. Víctor Jara aparece, crece en cada episodio de lucha popular y de manera espontánea. Así también crece el odio que le tiene la derecha.

El odio a Víctor Jara también ha tenido una expresión institucional. En efecto, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases de una licitación, la editorial Cal y Canto ganó la competencia para hacer el texto de estudio para la nueva asignatura “Educación Ciudadana”. La empresa cumplió y entregó el libro, pero súbitamente el Ministerio de Educación procedió a censurar algunos contenidos, pedir la eliminación de páginas, y encarga un nuevo texto para que haya “más opciones”. Es decir, duplica el gasto fiscal para tener una alternativa que, por supuesto, en el reparto que haga el Mineduc reemplazará el que no le gusta al gobierno. Entre los contenidos censurados hay una página con una canción y la imagen de Víctor Jara. Con la indicación “eliminar” está la ilustración para el villancico “Doña María le ruego”, tema que compusiera Violeta Parra para Víctor Jara cuando este aún integraba el conjunto Cuncumén. En el dibujo Víctor Jara le canta a una sagrada familia popular.

El libro incluye una canción compuesta por Víctor Jara en 1968, año de movilizaciones estudiantiles: “Movil Oil Special”. La licitación del texto de estudio se hizo, por supuesto, antes del llamado estallido social de octubre del 2019. Cuando en las calles algunos versos de la canción se hacían dramáticamente actuales para los estudiantes: “Que viene el guanaco / y detrás los pacos / la bomba adelante / la paralizante / también la purgante, / y la hilarante. / ¡Ay qué son cargantes / estos vigilantes!” En esos tiempos no se lanzaban los balines con que le han volado los ojos a tantos manifestantes. Después del estallido, para un gobierno que ha sido desafiado por los estudiantes resultó del todo inconveniente publicar una canción que se remata con: “…los jóvenes revolucionaurios / han dicho basta por fin. / ¡Basta!”.

Jorge Montealegre

Desde un histórico 2019 a la esperanza del 2020, con Víctor en el corazón del pueblo

Estamos terminando un año que será recordado para siempre en la historia de Chile. Asistimos a un momento doloroso, lleno de incertidumbre, pero también pleno de esperanzas. Como dijera Víctor, es El comienzo de una historia sin saber el fin…

La rebelión popular, a costa de muchos sufrimientos de pérdidas humanas, miles de heridos y torturados, ha creado las bases para el nacimiento de un nuevo Chile. Sin embargo, no hay certezas de nada. El año que pronto comenzará solo promete ser arduo y complejo. Habrá que superar obstáculos enormes y solo la unidad del pueblo sabrá como hacerlo.

Pese a todo el dolor y las dificultades nos alienta ver como las calles se llenan de vida en las manifestaciones populares. En esos espacios de plena libertad, con el alma llena de banderas, la presencia de Víctor Jara ha estado en el corazón del pueblo. Sus canciones y su rostro pintado en banderas, pancartas y muros, es un poderoso mensaje de rebeldía y esperanza.

Desde un histórico 2019 les enviamos un saludo fraterno y solidario para recibir este 2020, con la mirada puesta en lograr los cambios profundos que Chile necesita para construir entre todos y todas un país más justo y verdaderamente libre.

CON VÍCTOR EN LA MEMORIA SIEMPRE
VAMOS POR ANCHO CAMINO.