En conversación con el académico Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, este comentó la función de la Fundación Víctor Jara, parte de su labor como profesional, además de las tareas urgentes que tiene el Estado chileno ad portas de cumplirse los 50 años del Golpe de Estado en septiembre. Así también hizo un análisis de la recién aprobada y debatida Ley Naín-Retamal que, a su juicio y el de la Organización de Naciones Unidas (ONU), va en contra de los derechos internacionales a los que Chile suscribe.
—¿Cómo visualizas el trabajo que hace la Fundación Víctor Jara con el Sitio de Memoria Víctor Jara? ¿Cuál es la misión que debe cumplir este sitio de memoria considerando su ubicación e importancia histórica?
El sitio de memoria Víctor Jara cumple un rol fundamental para la historia de Chile, no sólo da cuenta de un crimen atroz como el que se perpetuó en contra de Víctor sino que además es un espacio que nos permite evaluar y cuestionar el presente, cuánto hemos avanzado en la construcción de un sistema democrático que garantice que horrores como el vivido en el Estadio Víctor Jara no volverán a suceder nunca más, ese rol es completamente esencial para la construcción de una democracia sólida.
—Como coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, ¿cuáles son los ejes de la planificación de esta cátedra? ¿Existe espacio para que nuestra Fundación pueda colaborar de algún modo con la cátedra?
La cátedra de derechos humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile tiene dos funciones principales: coordinar los esfuerzos en materia de derechos humanos hacia el interior de la universidad, y por otra parte, conectar y comunicarse con la ciudadanía. Este año con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, nuestra cátedra ha puesto un énfasis principal en colaborar y apoyar los esfuerzos por la memoria en el país. En ese sentido, trabajar con la Fundación Víctor Jara puede ser un espacio privilegiado para cumplir con este rol público, propio de la Universidad de Chile.
—Este año se conmemoran 50 años del Golpe de Estado que dieron paso a 17 años de dictadura militar, en esta línea, ¿se ha hecho por parte del Estado, el poder legislativo y judicial una buena labor para otorgar justicia, además potenciar la memoria y la defensa de los derechos humanos? ¿Por qué crees tú que hasta la fecha la ley no ha sido más tajante para abrir los archivos de la dictadura para hacer una investigación más profunda?
La conmemoración de los 50 años del Golpe obviamente nos obliga a hacer una evaluación sobre las posdictadura en Chile, sin duda alguna han habido esfuerzos relevantes en materia de verdad, justicia y reparación, pero la magnitud de las violaciones de DDHH ocurridas durante la dictadura han hecho muy difícil el dar una respuesta integral desde una perspectiva de DDHH a estos temas. Ahora el desafío es no quedarse solamente en una evaluación crítica, sino adoptar las medidas necesarias para completar los procesos de verdad, avanzar sustancialmente en la justicia y volver a revisar las medidas de reparación y cubrir todos aquellos espacios que aún están ausentes de medidas efectivas. No podemos olvidar que a ello debemos sumar las graves violaciones de DDHH ocurridas en el contexto del “estallido social” que trae en el país nuevos desafíos en materia de verdad, justicia, reparación y memoria.
—¿Estamos viviendo un momento en donde el negacionismo gana espacios en nuestra sociedad? ¿Consideras que en la población chilena hay una relativización de los derechos humanos?
Sin duda en los últimos años hemos visto cómo el compromiso con el “nunca más” se fue horadando y la centralidad de los DDHH en el diseño de la convivencia democrática también se ha ido deteriorando. En ese sentido, el esfuerzo de formación que debe tener la población en estas materias no ha sido suficiente y eso lo podemos ver en el debate cotidiano donde muchas veces olvidamos que los DDHH son un límite al poder del Estado y son un avance civilizatorio respecto del cual no podemos retroceder sin afectar con ello nuestra convivencia democrática.
—¿Qué medidas concretas se deben desarrollar desde el Estado para generar mayor información y formación en DDHH de la ciudadanía? ¿Crees que se educa realmente en Chile sobre derechos humanos desde la escolaridad?
Uno puede pensar en varios niveles, uno sería a nivel del trabajo sobre DDHH y en DDHH a nivel de la formación tanto en la educación preescolar, básica y media, pero también cómo se incorpora la temática de derechos humanos en los estudios superiores. Pero yo pensaría
también que dar un paso más allá, es decir, instalar los temas de DDHH como un eje común para resolver los conflictos sociales que vive nuestro país y en ese sentido, hay un rol central que debe cumplir el Estado y que lamentablemente durante todo estos años no ha sido el Estado el promotor de una verdadera cultura de los DDHH. En eso hay una enorme deuda que el Estado de Chile que, es de esperar que en el marco de los 50 años del Golpe de Estado se rectifique esa grave omisión.
—En particular para las fuerzas de orden y seguridad y defensa nacional ¿qué medidas se deben tomar para que ellas garanticen el respeto de los DDHH de la ciudadanía?
Una democracia sólida necesita de fuerzas policiales y armadas comprometidas con los DDHH, con el Estado de derecho y con la democracia. Chile tiene pendiente una profunda reformulación de su política en materia de Carabineros y Fuerzas Armadas, necesitamos una revisión de los principios que rigen a estas instituciones, los objetivos que estas tienen en democracia y la formulación y capacitación que se les entrega, pues sin avanzar en estos temas volveremos a repetir una y otra vez los graves hechos que se dieron no sólo en dictadura sino que también durante el “estallido social” del 2019.
—¿Por qué crees que el discurso punitivista está permeando el discurso de la población chilena? Esto teniendo en cuenta que cada vez se ve en los medios a personas que quieren tomar la justicia por sus propias manos a través de las “detenciones ciudadanas” donde ya más de alguna ha terminado con asesinato -incluso de personas inocentes-, así como también el deseo de restablecer la pena de muerte.
Cuando una sociedad enfrenta conflictos sociales como la delincuencia o el crimen organizado, y otros, siempre hay sectores que van a buscar respuestas “fáciles” y basadas en mayor violencia, elevar las sanciones y pensar que los problemas sociales los resuelve el derecho penal. Esa es una visión errada pero que trae aparejado siempre buenos resultados desde el punto de vista político. Una sociedad que no ha sido formada en una lógica ética, propia de los derechos humanos, ve en los espacios de violencia una solución efectiva a sus problemas de convivencia cotidiana. De ahí que debamos en avanzar no sólo en medidas de seguridad para enfrentar los problemas de la delincuencia cotidiana, sino que ir a los temas de fondo de las profundas desigualdades sociales, los abusos y discriminaciones que viven buena parte de la población y también una formación en valores que hoy día en la sociedad chilena hemos perdido.
—¿Cómo evalúas el resultado de la promulgación de la Ley Naín-Retamal, ¿se contrapone a los derechos humanos de acuerdo a lo señalado por la ONU?
La aprobación de la Ley Naín-Retamal es un buen reflejo de cómo en momentos de crisis estamos dispuestos a aprobar legislaciones que evidentemente arriesgan o ponen en riesgo los DDHH. La Ley Naín-Retamal no cumple los fines para los cuales está pensada, no da una mejor y mayor protección a Carabineros, al contrario, lo que hace es ponerlos en un espiral de violencia, donde las medidas de fondo que efectivamente apuntan a su protección, mejor equipamiento, mayor inteligencia, capacitación y un alto mando comprometido con su responsabilidad institucional, se van quedando en el olvido y pareciera que las soluciones viene por la vía del “gatillo fácil”. Creo que este ha sido uno de los errores más importantes que ha cometido la democracia en los últimos años y, particularmente, el Gobierno del Presidente Boric.
—¿Qué rol juegan los medios de comunicación en la promoción y defensa de los DDHH en un sistema altamente monopolizado por sectores que relativizan o incluso niegan la necesidad de respetar los DDHH?
Los medios de comunicación cumplen un rol esencial en democracia, no sólo para cuestionar al poder, sino que para entregar elementos de análisis a la población y apoyar procesos de formación colectiva, ojalá en materias tan importantes como la democracia y el Estado de derecho. En Chile estamos lejos de cumplir esos objetivos por la falta de pluralismo en los medios, ya que la captura de estos por los poderes económicos hacen imposible avanzar en una política comunicacional a nivel nacional basada en valores democráticos como los que se necesitan para fortalecer el Estado de derechos y los DDHH. En ese sentido, no es extraño el impacto que tienen los medios de comunicación en generar un ambiente contrario a los DDHH y que relativizan el compromiso democrático.
—¿Qué medidas urgentes solicitarías al Estado y al Gobierno para garantizar la prevalencia de la memoria histórica en esta conmemoración de los 50 años del Golpe?
En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado debiera el Gobierno adoptar una serie de medidas vinculadas con la memoria, avanzar en una ley de memoria, en una ley de archivos, avanzar también en una ley general e integral de reparaciones, también debiera anunciarse un programa de reparaciones integrales respecto de las violaciones de los DDHH en el marco del “estallido social”. Por otra parte, sería importante que el Gobierno diera pasos en la discusión de una política pública de formación en materia de DDHH que apunte a construir bases sólidas para un compromiso ciudadano con la democracia y los DDHH. Creo que esas son cuestiones perfectamente posibles de implementar este año en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.